La Ley 16/2002 que incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 96/61/CE y las legislaciones autonómicas posteriores han configurado un marco regulador para la puesta en marcha y funcionamiento de cualquier actividad donde en la mayoría de los casos es necesaria la obtención de una autorización de carácter ambiental, que debe otorgarse de forma coordinada cuando en el procedimiento intervengan más de una autoridad administrativa con competencia en la materia.

Esta autorización sustituye y aglutina el conjunto disperso de autorizaciones ambientales exigibles a estas instalaciones de acuerdo con la normativa vigente.